En minería y proveeduría minera la fecha que ordena el calendario es 12 de diciembre de 2025, por Ley General de Aguas. Lo que esa regla exige no es una promesa de cumplimiento: es un expediente que se pueda mostrar.

La anatomía del sector marca 4 puntos de corte —monitoreo operativo; reporte al regulador; reporte al financiador; paros y sanciones—: los pasos donde la información cambia de manos y el expediente se arma a mano, tarde, o no se arma.

La cadena productiva de una mina es conocida y está optimizada. La que no lo está es la de reporte: el mismo dato de agua, seguridad o producción se captura varias veces para audiencias distintas, y cada captura es una oportunidad de inconsistencia.

Y se mide con lo que el sector ya usa: toneladas extraídas y procesadas; ley del mineral y recuperación; costo por tonelada y costo por onza o libra.

Nada de esto es una lista de funciones: cada pieza de abajo sale de la anatomía de minería y proveeduría minera, y cada afirmación tiene su fuente al pie de la página correspondiente.

Ninguna de estas páginas pide que cambie cómo opera. Describen lo que ya ocurre en su sector y señalan dónde ese trabajo deja de dejar rastro, que es donde empieza todo lo demás.

Cómo se lee esta capa: las preguntas contestan en el primer párrafo lo que un dueño escribiría en un buscador; las fugas toman cada pérdida documentada y dicen en qué paso nace; los actores describen el día de quien opera, antes y después del registro; y los módulos comparan la misma pieza hecha a mano y hecha con registro. Ninguna promete un ahorro: el número sale de su propia operación.