Su empresa puede estar al corriente y quedar expuesta por la conducta de un tercero. El mecanismo está escrito, y tiene fechas.

El mecanismo

La cadena de contagio: cuatro artículos, y usted no es el primero

La fiscalización de este riesgo no funciona como una auditoría. No hay visita, no hay requerimiento previo y no hay conversación: hay una publicación. Y la publicación que le afecta no es sobre su empresa, es sobre un tercero. Ése es el rasgo que hace que este riesgo sea distinto de todos los demás riesgos fiscales que su área ya administra.

El mecanismo está en cuatro artículos que se leen en cadena, y conviene verlos juntos porque por separado cada uno parece manejable. El 69-B convierte los comprobantes de su proveedor en papel sin efecto fiscal, hacia atrás. El 69, fracción IX permite que su propia empresa aparezca publicada por haberlos usado. El 32-D, fracción VII cierra la contratación pública para quien esté en esos listados. Y el 17-H Bis, fracción V habilita restringir el sello con el que usted factura si dejó pasar el plazo.

La consecuencia de leerlos en cadena es de gestión, no de derecho: el hecho que dispara todo ocurre fuera de su empresa, en el expediente de otro contribuyente, y llega a usted por una publicación que nadie está obligado a avisarle. Su contabilidad puede estar impecable, sus pagos al día y su declaración presentada, y el riesgo entra igual.

Y no es culpa de su gente. El modelo con el que se administró esto durante años —revisar listas una o dos veces al año, cuando toca el cierre— era razonable cuando la autoridad revisaba empresa por empresa. Dejó de ser razonable el día que la autoridad empezó a publicar listas y a cruzar comprobantes. El modelo no se rompió por descuido: se quedó viejo.

Una empresa al corriente en sus pagos puede verse arrastrada por la conducta de un tercero del que nunca sospechó. Ése es el mecanismo, y está escrito en la ley.

El riesgo no entra por su declaración. Entra por el registro federal de contribuyentes de alguien a quien usted le pagó una factura legítima.

El artículo 69-B

El procedimiento completo, párrafo por párrafo, con sus plazos

El artículo 69-B no es una lista negra: es un procedimiento con etapas y con plazos distintos para dos personas distintas. La primera es el emisor —el contribuyente al que la autoridad presume que facturó operaciones que no existieron—. La segunda es usted, si dedujo alguno de esos comprobantes. Los plazos del emisor no son los suyos, y confundirlos es el error que hace que el plazo propio se descubra vencido.

Éstas son las etapas, transcritas del texto vigente en el orden en que el artículo las establece:

1. La presunción. La autoridad detecta que un contribuyente emitió comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material —directa o indirectamente— para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan esos comprobantes, o bien que ese contribuyente se encuentra no localizado. Con eso se presume la inexistencia de las operaciones.
2. La notificación y la publicación presunta. Se notifica al emisor por buzón tributario, por la página de la autoridad y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Este primer listado es el de presuntos, y ya es público.
3. El plazo del emisor: quince días. El contribuyente interesado cuenta con quince días contados a partir de la última de las notificaciones para aportar documentación e información. Puede pedir por buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días, que se entiende concedida sin que la autoridad tenga que pronunciarse.
4. La valoración: cincuenta días. Transcurrido el plazo y su prórroga, la autoridad valora las pruebas en un plazo que no excederá de cincuenta días y notifica su resolución por buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días puede requerir información adicional, y el contribuyente tiene diez días para entregarla, con suspensión del plazo mientras eso ocurre.
5. El listado definitivo. Se publica en el Diario Oficial de la Federación y en la página de la autoridad el listado de los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos. El propio artículo pone un piso: en ningún caso se publica antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.
6. El efecto, y es retroactivo. El texto es literal y no admite matiz: los efectos de la publicación de ese listado son considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes expedidos por ese contribuyente no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. No dejan de producirlo desde la publicación: no lo produjeron nunca.
7. Su plazo: treinta días. Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a esos comprobantes cuentan con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien para corregir su situación fiscal mediante las declaraciones complementarias que correspondan. Es el octavo párrafo del artículo.
8. Lo que pasa si no. Si la autoridad, en uso de sus facultades de comprobación, detecta que usted no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, ni corrigió, determina el o los créditos fiscales que correspondan. Y añade una frase que cambia la naturaleza del asunto: las operaciones amparadas en esos comprobantes se considerarán actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el propio Código.

Hay dos párrafos más que conviene conocer porque juegan a favor. El primero: la autoridad publica trimestralmente un listado de quienes sí desvirtuaron los hechos y de quienes obtuvieron resolución o sentencia firmes que dejaron sin efectos la resolución. El segundo: si la autoridad no notifica la resolución dentro del plazo de cincuenta días, queda sin efectos la presunción respecto de los comprobantes observados. Un proveedor en el listado de presuntos no es un proveedor condenado, y tratarlo como tal tiene su propio costo comercial.

Su plazo no empieza con la publicación de presuntos: empieza con la del listado definitivo. Pero la de presuntos es la única oportunidad que usted tiene de verlo venir.

Fuente: Código Fiscal de la Federación, artículo 69-B, texto vigente. Leído sobre el documento oficial de la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2026.

La tabla completa

Las doce normas y listas, con el registro que prueba cada una

Ésta es la tabla que sostiene la página. La última columna es la que importa y la que ningún catálogo normativo suele traer: qué registro, fechado y a nombre de alguien, demuestra ante un tercero que la obligación se atendió. Sin esa columna, una tabla de normas es un índice; con ella, es una lista de comprobación.

Norma · artículo · autoridad · vigencia · qué exige · qué registro lo prueba

Fuentes: Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal, textos vigentes publicados por la Cámara de Diputados, leídos artículo por artículo el 27 de septiembre de 2026; Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, texto vigente tras la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, texto vigente. Las dos últimas filas se declaran no verificadas contra fuente primaria y por eso no llevan fecha.

Doce filas, y sólo dos sin fecha firme. Las dos que no la tienen están señaladas, porque una fecha inventada vale menos que un hueco declarado.

Las sanciones

Del 55 % de cada comprobante a los nueve años de prisión

La sanción de este riesgo se cita mal casi siempre, y conviene ponerla con el número de fracción a la vista porque la diferencia entre citar «los artículos 83 y 84» y citar la fracción exacta es la diferencia entre una afirmación comercial y un dato que resiste una pregunta.

La infracción está en el artículo 83, fracción XVIII: utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero que no desvirtuó la presunción y que por tanto está en el listado del cuarto párrafo del 69-B, sin que quien los utiliza haya demostrado la materialización dentro del plazo legal del octavo párrafo, salvo que haya corregido dentro del mismo plazo. La sanción está en el artículo 84, fracción XVI: de un 55 % a un 75 % del importe de cada comprobante fiscal.

Léase «de cada comprobante». No es una multa por ejercicio ni por declaración: es por documento. Una relación de proveeduría de dos años con facturación mensual son veinticuatro comprobantes, y la sanción se calcula sobre el importe de cada uno. Ése es el dato que cambia la conversación en el consejo, porque convierte un riesgo que parecía acotado en un múltiplo de la relación comercial completa.

Y hay una segunda puerta que mucha gente no ve: la fracción XIX del mismo artículo 83, con la misma sanción, aplica cuando la autoridad determina en una revisión ordinaria —de las facultades del artículo 42— que los comprobantes amparan operaciones inexistentes o simuladas porque el contribuyente no demostró su materialización durante el ejercicio de esas facultades. Es decir: la exposición no depende de que su proveedor haya sido publicado. Depende de que usted pueda demostrar la operación.

Qué se sanciona · con qué artículo · cuánto · y qué lo evita

Fuente: Código Fiscal de la Federación, artículos 17-H Bis, 32-D, 69-B, 83, 84 y 113 Bis, y Código Penal Federal, artículos 400 Bis y 400 Bis 1, textos vigentes leídos sobre el documento oficial de la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2026. Las cifras de multa en pesos de otras fracciones del artículo 84 existen en el texto y no se reproducen aquí: se actualizan por resolución miscelánea y su importe depende del año.

La multa se calcula por comprobante. Por eso el riesgo de una relación de proveeduría vieja no es el de una factura: es el de todas.

El artículo 69

La lista donde puede aparecer su propia empresa, y por qué

El artículo 69 empieza obligando a los servidores públicos a guardar reserva absoluta sobre las declaraciones y los datos de los contribuyentes. Y después establece los supuestos en los que esa reserva no aplica, de modo que la autoridad puede publicar en su página el nombre, la denominación o razón social y la clave del registro federal de contribuyentes. Son diez supuestos.

Nueve de ellos describen a la contraparte que conviene revisar antes de contratar: quien tiene créditos fiscales firmes; quien los tiene determinados y exigibles sin pagar ni garantizar; quien está inscrito pero no localizado; quien tiene sentencia condenatoria ejecutoria por delito fiscal; quien tiene créditos afectados en los términos del artículo 146-A; quien tuvo un crédito condonado; los entes que ejercen recurso público federal y están omisos en declaraciones; las sociedades anónimas bursátiles que no tramitaron su constancia de cumplimiento; y quien tiene el sello digital dejado sin efectos por los supuestos del artículo 17-H.

El décimo —la fracción IX— es el que cierra la cadena de contagio y el que casi nunca aparece en el material comercial de esta materia. Establece que la reserva no aplica a las personas físicas o morales que hayan utilizado para efectos fiscales comprobantes que amparan operaciones inexistentes, sin haber demostrado la materialización de esas operaciones dentro del plazo legal del octavo párrafo del artículo 69-B, salvo que el propio contribuyente haya corregido su situación fiscal dentro del mismo plazo.

Traducido: el mismo plazo de treinta días que evita el crédito fiscal es el que evita que su empresa aparezca publicada por nombre. El riesgo deja de ser sólo de dinero y pasa a ser de reputación verificable por cualquiera —un banco, un cliente corporativo, un comité de compras— con una consulta pública.

El mismo artículo prevé la salida, y conviene conocerla antes de necesitarla: quien esté inconforme con la publicación de sus datos puede llevar a cabo el procedimiento de aclaración que la autoridad determine mediante reglas de carácter general, aportando las pruebas que a su derecho convenga, y la autoridad debe resolver en un plazo de tres días contados desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud; si la situación se aclara, la información publicada se elimina. Tres días de resolución sobre una prueba que hay que tener lista: otra vez, el expediente decide.

Su nombre publicado por usar la factura de otro es el único daño de esta materia que sus clientes pueden ver sin que usted se lo cuente.

Fuente: Código Fiscal de la Federación, artículo 69, texto vigente. Leído el 27 de septiembre de 2026.

El 69-B Bis

Las pérdidas fiscales: el listado que llega por una reestructura

El artículo 69-B Bis atiende un supuesto distinto y con otro ritmo. La autoridad puede presumir que se efectuó la transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales cuando, del análisis de sus bases de datos, identifique que el contribuyente que tenía ese derecho fue parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o de un cambio de accionistas, y que como consecuencia dejó de formar parte del grupo al que pertenecía.

La presunción sólo procede si además se actualiza alguno de los supuestos que el propio artículo enumera. El primero da la medida del resto: obtener pérdidas fiscales en alguno de los tres ejercicios siguientes al de su constitución, por un monto mayor al de sus activos, y que más de la mitad de las deducciones deriven de operaciones con partes relacionadas.

Los plazos son más largos que los del 69-B y eso engaña: el contribuyente cuenta con un plazo inicial de veinte días para aportar información y documentación, con una prórroga de diez días por única ocasión; la autoridad valora en un plazo que no excederá de seis meses; contra la resolución procede recurso de revocación; y el listado definitivo no se publica antes de los treinta días posteriores a la notificación. Su efecto es confirmar la transmisión indebida y la improcedencia de la disminución.

Y aquí aparece otra vez el número treinta, con un incentivo distinto: quien hubiera disminuido indebidamente pérdidas fiscales y corrija su situación dentro de los treinta días siguientes a la publicación del listado puede aplicar las tasas de recargos por prórroga determinadas conforme a la Ley de Ingresos de la Federación. Transcurrido ese plazo sin corregir, la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación en términos del artículo 42, fracción IX, y considerar la transmisión como acto simulado para efecto de los delitos del Código.

La reestructura que su grupo hizo hace tres ejercicios es un expediente que alguien tiene que poder abrir hoy, con la razón de negocio documentada en su momento.

Fuente: Código Fiscal de la Federación, artículo 69-B Bis, texto vigente. Leído el 27 de septiembre de 2026.

La corrección

La prisión no está en la ley de avisos: está en el artículo 400 Bis

El material comercial de esta materia suele mezclar dos cosas que la ley tiene separadas, y la mezcla produce una frase impresionante y falsa: que la ley de prevención de lavado castiga con años de prisión. No es así, y conviene decirlo con precisión porque la distinción también cambia quién es su interlocutor.

El régimen de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es administrativo: obliga a identificar, a conservar y a avisar, y sus sanciones son administrativas, fijadas en múltiplos del valor diario de la unidad de medida y actualización. Su autoridad es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Unidad de Inteligencia Financiera.

La pena de prisión pertenece al artículo 400 Bis del Código Penal Federal: cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien, por sí o por interpósita persona, adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, invierta, traspase, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita; o los oculte o encubra. Es un delito, con su tipo penal y su elemento de conocimiento, no el incumplimiento de un deber de aviso.

El artículo siguiente añade el agravante que sí conviene poner delante de un consejo: el 400 Bis 1 aumenta las penas de un tercio hasta una mitad cuando quien realiza la conducta tiene el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios. No se trata de asustar: se trata de que la responsabilidad personal existe y está descrita, y de que el expediente fechado es lo que separa una decisión de negocio de un conocimiento presunto.

• Lo que no se puede decir. Que la ley de actividades vulnerables castigue con prisión el no presentar un aviso. Sus sanciones son administrativas.
• Lo que sí se puede decir. Que las conductas de operaciones con recursos de procedencia ilícita están tipificadas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, con pena de cinco a quince años de prisión, y agravadas por el 400 Bis 1 cuando las comete quien administra o representa a la empresa.
• Lo que se pasa por alto. Que en materia fiscal existe un delito propio y más cercano: el artículo 113 Bis del Código Fiscal, de dos a nueve años de prisión, que desde el decreto del 7 de noviembre de 2025 alcanza a quien da efectos fiscales a comprobantes falsos y se persigue con independencia del procedimiento administrativo.
• Lo que esto le cambia a usted. Que su defensa en los dos frentes es la misma pieza: el expediente que demuestra que la operación existió y que la contraparte fue revisada antes de pagarle, con fecha.

Publicar la pena en el artículo que no la contiene es la manera más rápida de que un abogado deje de creerle el resto del documento.

Fuente: Código Penal Federal, artículos 400 Bis y 400 Bis 1, texto vigente con última reforma publicada en el DOF el 13 de marzo de 2026; Código Fiscal de la Federación, artículo 113 Bis. Leídos el 27 de septiembre de 2026.

Las listas

Cotejar no es buscar: es poder demostrar cuándo se buscó

Junto al riesgo fiscal corre el de cumplimiento, y su prueba es de la misma naturaleza. La pregunta de una autoridad, de un banco o del área de cumplimiento de un cliente corporativo no es si usted revisa a sus contrapartes: es contra qué lista, en qué versión, en qué fecha, con qué resultado y quién lo dictaminó. Una búsqueda hecha en la pantalla de un tercero y no guardada es, a efectos de prueba, una búsqueda que no ocurrió.

Las fuentes son de naturaleza distinta y conviene no mezclarlas, porque la consecuencia de una coincidencia no es la misma en cada una. La lista de personas bloqueadas de la autoridad financiera mexicana obliga a suspender de inmediato actos u operaciones. Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas tienen su propio fundamento y su propio alcance territorial; para una empresa mexicana son, sobre todo, exposición de contraparte y de banca corresponsal. Las recomendaciones del organismo internacional de acción financiera no obligan al contribuyente: obligan al país, y llegan por la vía de la ley y de las reglas. Y las personas políticamente expuestas no son una lista de prohibición: son un supuesto de riesgo reforzado.

Sobre el plazo de veinticuatro horas para el aviso de coincidencia conviene una precisión, porque circula atribuido a la ley equivocada. El plazo del régimen de avisos de actividades vulnerables es el día 17 del mes inmediato siguiente, por el artículo 23 de esa ley. El aviso inmediato ante una coincidencia con lista de bloqueo pertenece a las disposiciones de carácter general del régimen financiero, y su texto vigente no se leyó en esta verificación: por eso aquí se describe la obligación y no se publica su fundamento con número de artículo.

La lista la puede comprar cualquiera. La constancia de que usted la consultó el día que contrató, no.

Fuente: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, artículo 23, texto vigente tras la reforma publicada el 16 de julio de 2025. El fundamento del aviso inmediato de coincidencia se declara no verificado en esta sesión.

El trabajo

Cómo se convierte un artículo en un entregable con fecha y firma

Una norma no se cumple leyéndola. Se cumple porque alguien, en un momento del proceso de compra o de pago, produce un documento fechado que después se puede enseñar. Esta tabla es la traducción, obligación por obligación, y el sujeto de la columna de la derecha es quien hace el trabajo: la casa entrega, y su organización decide.

La obligación · el entregable que la atiende · quién lo firma

Fuente: obligaciones del Código Fiscal de la Federación y de la ley de actividades vulnerables citadas en esta página, atadas a los entregables declarados en el brochure de servicios profesionales de Blindaje Fiscal —las seis capacidades de vigilancia y las siete líneas de servicio—. Verificado al 27 de septiembre de 2026.

Una obligación que no produce un documento con fecha y con firma no está atendida: está entendida, que es otra cosa.

El límite

Lo que este servicio no puede hacer por usted

Conviene escribirlo en la misma página donde se afirma todo lo anterior, porque es la diferencia entre un servicio profesional y una promesa de tranquilidad.

• No lo exime de responsabilidad. El sujeto obligado es su empresa y quien responde por sus decisiones fiscales es su empresa. Lo que cambia es que la decisión se toma con el dato delante y queda documentada, con fecha.
• No evita que un proveedor sea publicado. Eso ocurre en el expediente de la autoridad con ese contribuyente, y nadie ajeno a él influye en el resultado. Lo que se puede cambiar es el día en que usted lo sabe.
• No interpreta la norma por su abogado. Se registra el artículo, su publicación y su fecha, y se avisa cuando cambia. Si su caso cae en un supuesto discutible, eso lo resuelve un criterio jurídico, no un catálogo.
• No repara el pasado. Un expediente de materialidad que no existía no se vuelve válido porque se integre hoy: se integrará con la fecha de hoy, y esa fecha es precisamente la que la autoridad compara.
• No garantiza el resultado de un medio de defensa. Prepara la prueba y la presenta en plazo. Lo que resuelve la autoridad o el tribunal no depende de quien armó el expediente, aunque un expediente completo sea la única condición que sí está en sus manos.

Nadie puede cumplir por usted. Lo que sí se puede hacer por usted es que el día de la publicación no sea el día en que se enteran.

Referencias

1. Cámara de Diputados · Código Fiscal de la Federación, texto vigente con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2026. Artículos 12, 17-H, 17-H Bis, 32-D, 69, 69-B, 69-B Bis, 83, 84 y 113 Bis, leídos línea por línea el 27 de septiembre de 2026. ↗
2. Cámara de Diputados · Código Penal Federal, texto vigente con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2026. Artículos 400 Bis y 400 Bis 1: pena de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa, agravada de un tercio a una mitad para consejeros, administradores, funcionarios, empleados, apoderados y prestadores de servicios. ↗
3. Diario Oficial de la Federación · decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, 7 de noviembre de 2025. No reformó los artículos 69, 69-B, 5-A ni 32-D; sí el 17-H, el 29-A y el 30-B, y adicionó tres párrafos al artículo 113 Bis. ↗
4. Cámara de Diputados · Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, texto vigente. Artículos 17, 18 y 23, con la reforma publicada el 16 de julio de 2025: conservación de diez años y aviso a más tardar el día 17. ↗
5. Cámara de Diputados · Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, texto vigente: artículo 95 Bis. ↗
6. Blindaje Fiscal y de Cumplimiento · brochure de servicios profesionales, 6 páginas. Origen de las afirmaciones de servicio de esta página: los cuatro riesgos con su fundamento, las seis capacidades de vigilancia y las siete líneas de servicio.
7. Base del motor de la casa, consulta de solo lectura con fecha de corte tomada del propio servidor el 27 de septiembre de 2026: el proyecto de blindaje fiscal tiene 9 roles, 39 procesos de negocio, 97 subprocesos, 110 casos de uso y 31 documentos aprobados, y no tiene módulos, pantallas, entidades ni interfaces generadas, porque nunca corrió sobre él el generador de sistema.

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